En 2012, el FMI informó de que “cerca de un 80% de las reservas mundiales de petróleo están bajo control de empresas estatales y 15 de las 20 empresas petroleras más grandes son de titularidad estatal”. Las empresas de titularidad estatal son menos comunes o dominantes en el sector minero, pero aún pueden desempeñar un rol importante en algunos países.

Las empresas de titularidad estatal pueden poseer la titularidad de proyectos y operar en ellos, bien en solitario o en empresas conjuntas. El patrimonio estatal se utiliza en muchos países para garantizar una recaudación adicional del gobierno (más allá de los ingresos procedentes de impuestos) procedente de los proyectos extractivos. Esto viene en ocasiones motivado por preocupaciones no fiscales tales como el deseo de titularidad estatal directa, un “puesto en la mesa” o para facilitar la transferencia de conocimiento. 

En muchos países ricos en recursos, el estado recibe una porción del petróleo, gas y minerales que se producen. Estos ingresos físicos pueden producirse porque el estado o una empresa de titularidad estatal opera o posee acciones en una licencia de producción, a través de la existencia de contratos de producción compartida, o cuando las empresas realizan pagos tales como regalías con materias primas físicas en lugar de con dinero.

El estado o la empresa de titularidad estatal venden entonces estos recursos físicos, a menudo a empresas comerciales. En algunos países, la gestión de la porción del petróleo y gas que corresponde al estado es a menudo un área en la que se percibe corrupción y una rendición de cuentas limitada. La ausencia de transparencia sobre la cantidad que recibe el estado procedente de la venta de su petróleo y gas también crea una imagen distorsionada de los ingresos del gobierno procedentes del sector extractivo.

El EITI requiere por lo tanto una elaboración de informes detallada sobre el rol de las empresas de titularidad estatal en las industrias extractivas, cuando sea aplicable.

Requirement 2.6 covers what the EITI Standard requires from member countries: 

Where state participation in the extractive industries gives rise to material revenue payments, implementing countries must disclose:

a) An explanation of the prevailing rules and practices regarding the financial relationship between the government and state-owned enterprises (SOEs), e.g., the rules and practices governing transfers of funds between the SOE(s) and the state, retained earnings, reinvestment and third-party financing. 

For the purpose of EITI reporting, a SOE is a wholly or majority government- owned company that is engaged in extractive activities on behalf of the government. Based on this, the multi-stakeholder group is encouraged to discuss and document its definition of SOEs taking into account national laws and government structures.

b) Disclosures from the government and SOE(s) of their level of ownership in mining, oil and gas companies operating within the country’s oil, gas and mining sector, including those held by SOE subsidiaries and joint ventures, and any changes in the level of ownership during the reporting period. 

This information should include details regarding the terms attached to their equity stake, including their level of responsibility to cover expenses at various phases of the project cycle, e.g., full-paid equity, free equity, carried interest. Where there have been changes in the level of government and SOE(s) ownership during the EITI reporting period, the government and SOE(s) are expected to disclose the terms of the transaction, including details regarding valuation and revenues. Where the government and SOE(s) have provided loans or loan guarantees to mining, oil and gas companies operating within the country, details on these transactions should be disclosed.